La fiscalía francesa investiga a la multinacional estadounidense Apple por fraude y por adelantar la obsolescencia programada de sus aparatos mediante la supuesta manipulación de las baterías en sus iPhone más antiguos, informa Reuters. El gigante tecnológico reconoció en diciembre que había tomado medidas ante las quejas y denuncias presentadas en Estados Unidos por el gasto de batería de sus dispositivos, lo que podría tener un efecto negativo sobre la velocidad de los procesadores de los mismos, a fin presuntamente de incitar al usuario a comprar un terminal más moderno.

La investigación, iniciada por la denuncia de la asociación francesa de consumidores Alto a la ralentización programada, la llevará a cabo la Dirección General de la Competencia, del Consumo y de la Lucha contra los Fraudes, que forma parte del Ministerio de Economía, según detalla la agencia Efe.

La ralentización intencionada de los modelos más antiguos de los iPhone de Apple ha generado controversia entre sus millones de clientes hasta tal punto que la empresa ha pedido disculpas por el “malentendido” y ha ofrecido descuentos para cambiar de baterías. Solo en Estados Unidos se han presentado al menos nueve demandas colectivas que acusaban a Apple de fraude, publicidad engañosa y enriquecimiento ilícito.

Algunos usuarios de iPhone llevan tiempo denunciando que la compañía los ralentiza de forma artificial a través de la actualización de iOS para incentivar la compra de nuevos modelos. La firma ha remitido una carta a sus clientes en la que pide perdón por el “malentendido” generado alrededor de la ralentización de los iPhone y ha ofrecido descuentos para los usuarios que quieran cambiar la batería de su teléfono.

La semana pasada, la compañía reconoció que ralentiza intencionadamente los teléfonos más antiguos cuando se descarga una nueva actualización del software, pero defendió que lo hacía para alargar la batería de los móviles y evitar que se colapsasen. 

A partir de finales de enero y hasta diciembre de 2018, cambiar la batería de un iPhone 6 o un modelo posterior costará 50 dólares menos, ya que el precio pasará de 79 a 29 dólares.

FACUA DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA

Apple puede acabar pagando muy caro el fiasco de la ralentización deliberada de los iPhone con baterías antiguas. Si la Fiscalía francesa inició ayer una investigación por la posible obsolescencia programada de sus móviles tras la denuncia de la asociación de consumidores Hop, ahora le toca el turno a España. Facua ha confirmado a Teknautas que presentará esta semana una denuncia similar ante la Fiscalía para investigar un posible delito de fraude cometido por la compañía. El ya conocido como ‘batterygate’ ha obligado a Apple a pedir disculpas y reducir el coste del cambio de batería. Una evidencia clara, según Facua, de lo que ha podido ocurrir: una estafa.

“Creemos que Apple ha podido incurrir en dos delitos, uno contra los consumidores, por posible fraude, ya que han añadido un ‘software’ para manipular de forma intencionada la vida útil de los teléfonos sin informar a los usuarios, y otro posible delito de daños o sabotaje informático, por alterar un producto modificando su sistema informático, sin pedir permiso expreso a los clientes”, explica a este periódico Rubén Sánchez, portavoz de Facua.

Se trata de una denuncia peculiar y, de prosperar, grave en sus consecuencias para Apple. Es peculiar porque su presentación ante la Fiscalía inicia un procedimiento penal contra una persona jurídica. Hay muy pocos casos en España de procedimientos contra empresas por la vía penal. Los dos más sonados y recientes son el de Volkswagen por el ‘software’ que manipulaba las emisiones contaminantes en vehículos diésel, y el de Iberdrola, por inflar la tarifa eléctrica en 2013. Ambos han sido investigados por la Fiscalía por posible delito contra los consumidores. Y eso mismo es lo que el equipo legal de Facua ve en el caso Apple. De apreciar indicios de delito y llegar a una sentencia condenatoria, la compañía se enfrenta a multas millonarias.

¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?

El fiasco arrancó a finales del año pasado, cuando decenas de usuarios comenzaron a quejarse en Reddit sobre la lentitud de sus viejos iPhone. A los pocos días llegaron los primeros análisis técnicos que lo confirmaban: los iPhone 6, 6s y SE con baterías gastadas de repente iban mucho más lentos. Apple no tuvo más remedio que reconocer que era cierto: a finales del 2016, con el lanzamiento de iOS 10.2.1 (y 11.2 en el iPhone 7 y 7 Plus), introdujo sin avisar una función de ‘software’ que ralentizaba los móviles cuando sus baterías se deterioraban con el tiempo. ¿Para qué? Según Apple, para evitar que el dispositivo se apagara de forma inesperada y mejorar la experiencia de usuario.

El problema es que, sin saberlo, muchos clientes decidieron gastarse los 89 euros que cobra Apple por reemplazar la batería o, directamente, comprarse un nuevo teléfono. La avalancha de quejas tras reconocer la ralentización deliberada ha sido tal que la empresa se vio obligada a pedir disculpas, rebajar en 60€ el coste de reemplazar la batería (dejándolo en 29€) y lanzar nuevas funciones de ‘software’ que permiten comprobar de forma sencilla el estado de la batería. Es en esa estrategia de reconocer el error y tratar de ocultarlo en forma de beneficio al consumidor donde asociaciones como Facua en España o Hop en Francia ven un posible delito de fraude.